La Junta General aprobó hoy una iniciativa del Partido Popular en la que se pide la creación de un censo y la constitución de un grupo de trabajo único con los afectados por el cierre de las clínicas iDental en Asturias, e insta al Principado para que solicite a los órganos judiciales la peritación gratuita de sus casos.

Durante el debate parlamentario, el diputado popular Carlos Suárez subrayó también la obligación de finalizar los tratamientos pendientes: “Es necesario solucionar su situación”.

“Lo urgente es ayudar a las personas afectadas, pero también hemos de analizar cómo se ha llegado a esta situación”, consideró el parlamentario popular. La empresa, afirmó, “ha puesto en solfa" la credibilidad del sistema sanitario público, ante la dispersión de administraciones a las que los pacientes han recurrido en los meses previos al cierre de la clínica ubicada en Tremañes (Gijón).

En ese momento, apuntó, había presentadas 81 reclamaciones en la Oficina de Información al Consumidor ante la Agencia de Sanidad y Consumo de Gijón, y otras seis denuncias por mala praxis ante el Colegio de Odontólogos.

Carlos Suárez incidió en la necesidad de conocer el tamaño "real y preciso de la estafa", resaltando la importancia de alcanzar un convenio o protocolo con el Colegio de Odontólogos para que el peritaje, que ha considerado "imprescindible", no suponga coste alguno para los afectados.

El diputado añadió que la administración regional debería plantearse personarse en la vía judicial como parte "afectada", así como ofrecer asesoramiento jurídico y buscar la mediación con las entidades financieras para que los pacientes puedan concluir los tratamientos suspendidos por esta negligencia de iDental, ante la que los afectados no han obtenido la respuesta "adecuada", finalizó.