El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Suárez, censura que el Gobierno del Principado esté "de vacaciones, cuando tiene una clara responsabilidad civil", en el caso de la estafa de la clínica de iDental en Gijón. Un centro que, al cerrar sus puertas, dejó a numerosos pacientes con tratamientos bucodentales sin terminar o mal realizados, con el consiguiente daño a su salud, y con importantes deudas a los bancos.

Suárez se ha reunido en la Junta General con un grupo de afectados, que le transmitieron no sólo su preocupación por su situación sanitaria, sino por los créditos pendientes de pago y por la nula implicación del Gobierno del Principado, en sus áreas de sanidad y consumo. En el encuentro participaron también el portavoz de Bienestar Social, Matías Rodríguez Feito; y la diputada por el Occidente Carmen Pérez García de la Mata.

"Es urgente que el Ejecutivo socialista tome cartas en el asunto, en primer lugar para que los pacientes puedan tener acceso a sus historiales clínicos", explica el diputado del PP. Un requisito básico no sólo para poder poner solución odontológica a su problema sanitario, con un peritaje previo sobre la situación de cada paciente, sino para poder "hacer un censo y conocer así el número real de personas afectadas".

Suárez afirmó que es la "absoluta falta de diligencia del Principado" la que ha hecho que el PP, "tras tratar el asunto con prudencia, haya decidido ofrecer su ayuda a los afectados". A la urgente obtención de los historiales clínicos el diputado suma la necesidad de "paralizar o renegociar los créditos". 

"¿Por qué el mismo caso se está solucionando en otras comunidades y aquí no?", se preguntó  el parlamentario, ante los pasos dados para la obtención de las historias por los Gobiernos de Castilla y León o Murcia. "Tampoco sabemos si el Principado está ya en disposición de hacerse cargo de la peritación, porque ni siquiera ha iniciado el proceso para solicitar los historiales", añadió.

Suárez recuerda que la "responsabilidad civil subsidiaria" del Principado viene "del lado de la inspección y por su autorización de este servicio sanitario, cuando llegaron múltiples denuncias previas a la Consejería hasta que el caso estalló".