La iniciativa del Partido Popular para impulsar una nueva ley de apoyo y respaldo a las 39 Parroquias Rurales de Asturias, en las que viven 9.000 ciudadanos, fue vetada ayer en su desarrollo en el Pleno de la Junta General por los votos de PSOE y Foro, y la abstención de Podemos y Ciudadanos.

La diputada regional del PP Carmen Pérez García de la Mata, que defendió la proposición de ley, afirmó que el rechazo de socialistas y foristas, unido a la abstención de Podemos y Ciudadanos, supone “condenar a las Parroquias Rurales por mero partidismo y estrechez de miras políticas; es un pataleo inaceptable”.

Pérez García de la Mata señaló que estos entes territoriales representan una seña de la identidad regional, “la forma tradicional de convivencia y asentamiento de la población asturiana, y pilar básico de los Ayuntamientos donde se encuentran, y a pesar de ello son las estructuras territoriales más olvidadas por los sucesivos Gobiernos socialistas desde hace más de 20 años”.

La proposición legislativa del PP tenía como objetivo modificar la “obsoleta y llena de carencias” actual ley de Parroquias Rurales, que data de 1986, “y que los socialistas han sido incapaces de mejorar, ya que no han gestionado bien, no han hecho los deberes y han abandonado a estas entidades, y encima intentan engañar con mentiras”.

“Por ello”, añadió la parlamentaria del PP, “por responsabilidad política hemos tenido que presentar esta proposición de ley”.

Asimismo, remarcó que es preciso un apoyo firme a estos entes, que suponen además “un freno natural de la caída demográfica de la zona rural, que altruistamente luchan por su supervivencia y defienden nuestros pueblos”.

Carmen Pérez explicó que el texto de la iniciativa del PP responde a las demandas y necesidades históricas y vitales de las Parroquias Rurales, para actualizar las cuestiones que afectan al día a día.

Así, se incluye que los presidentes de las Parroquias Rurales tengan también la condición de alcaldes pedáneos; se incorpore la figura del vicepresidente, o suprimir la exigencia de que es necesario pedir informe al Principado para ejercer acciones legales contra el propio Ejecutivo

La diputada del PP destacó además que no sería justo “minar la ilusión de los gestores de las Parroquias Rurales, que trabajan sin percibir compensación”.