«En caso de ser necesaria la construcción de una planta de valorización energética o incineradora, entendemos que podría valorarse, entre otras opciones, la construcción por el procedimiento de construcción, concesión y explotación, lo que evitaría el desembolso inmediato de su coste, pudiendo las empresas en libre competencia ofertar mejores condiciones y, por lo tanto, menores costes para nuestros municipios», señalaron ayer, mediante un comunicado, los responsables del PP asturiano. Ése, el económico, es el principal pero que parece poner el PP al proyecto. «Entendemos que la crítica situación económica de los municipios españoles, que afecta también a los asturianos, impediría aportaciones económicas para la inversión e, incluso, los necesarios avales, porque incidirían directamente en el endeudamiento, que en muchos casos ya supera el límite establecido», subrayan los regidores populares, que proponen «un pacto que aúne voluntades políticas e institucionales para adoptar la estrategia más oportuna para la gestión de la basura que se genera en Asturias». Los populares también muestran su preocupación por el impacto que pueda tener el proyecto en la economía de las familias.

Al margen de los reparos económicos, el comité de alcaldes del PP reclama también un mayor esfuerzo en todo lo concerniente al tratamiento separado y reciclaje de basuras. El PP quiere que se tome como ejemplo la recogida selectiva integral en los domicilios de Oviedo y que se potencie el reciclaje. Los populares no hacen referencia a la posibilidad de reducir el tamaño de la incineradora, que se había barajado como condición, aunque sus propuestas podrían facilitar ese objetivo. El PP exige que se valore la eliminación de residuos en cementeras y térmicas convencionales, y que se garantice «la ausencia de efectos nocivos para la salud».

Además, el PP critica la actitud de la FSA-PSOE, basada, a su juicio, en el «ordeno y mando», trasladando instrucciones al Principado y prescindiendo de los concejos.