La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín, defendió ayer en la Comisión de Vivienda de la Junta General del Principado la utilidad de esta nueva forma de poner vivienda protegida a disposición de los ciudadanos, que se enmarca en un plan nacional. Las viviendas estarán a disposición de los beneficiarios en la mitad de tiempo que si fueran promovidas directamente por Vipasa, subrayó, y eso admitiendo que la tramitación se ha retrasado siete meses. Los constructores dan salida a su «stock», aunque el precio al que la Administración compra las viviendas es inferior al de mercado. En este caso, se fijó entre 1.225 y 1.270 euros por metro cuadrado.

El representante del PP, Agustín Cuervas-Mons, echó en cara a la Consejera la demora en la adjudicación y el incumplimiento del compromiso inicial de ofrecer 300 viviendas en alquiler protegido por esta vía. Martín defendió su gestión y argumentó, en respuesta a las críticas del PP, que a la convocatoria de 300 viviendas se presentaron once empresas, que ofrecieron 142 viviendas. Ésa es la razón, dijo, por la que no se cumplió el compromiso.

La operación cuesta más de 9 millones y las viviendas se emplazan en Siero, Oviedo, Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Cudillero y Vegadeo.